Ayuntamiento revisa legalidad de clausura aplicada a propiedad privada en Piedras Negras
Autoridades municipales de Piedras Negras analizan una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la actuación de inspectores locales durante un desalojo y clausura de un inmueble habitado por una familia con menores de edad, procedimiento que presuntamente se realizó sin orden judicial.
Origen de la queja y notificación al municipio
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, dio a conocer que el municipio recibió una notificación formal por parte de la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivada de una inconformidad ciudadana relacionada con la intervención de inspectores municipales.
Explicó que, conforme a los lineamientos establecidos, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 15 días para emitir la contestación correspondiente. De manera paralela, se abrió un procedimiento administrativo en la Contraloría Municipal, instancia que ya comenzó a integrar los elementos necesarios para la revisión del caso.
Actuación de inspectores y análisis administrativo
De acuerdo con la información proporcionada, en la diligencia participaron tres inspectores, quienes ya entregaron su informe de hechos ante la Contraloría. Asimismo, está previsto que rinda su versión el coordinador operativo señalado en la queja como quien habría dado la instrucción para intervenir el inmueble.
Aguilar Muñoz señaló que la revisión administrativa busca determinar si la actuación se ajustó a la normativa municipal vigente, especialmente en lo referente a facultades de inspección, uso del inmueble y respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Revisión del uso del inmueble y determinación posterior
El secretario del Ayuntamiento indicó que, tras un análisis preliminar, se concluyó que la clausura no procedía, al tratarse de una propiedad privada que no requería licencia de funcionamiento si no operaba como establecimiento abierto al público. Reconoció que algunas quintas privadas pueden ser rentadas para eventos, lo que cambia su clasificación, pero aclaró que en este caso no se realizaba actividad alguna que acreditara ese supuesto.
Derivado de esta revisión, el municipio determinó retirar los sellos de clausura y anular la boleta emitida durante la inspección. El funcionario precisó que esta decisión no cierra el caso, ya que el procedimiento ante Derechos Humanos y la Contraloría continúa en curso.
Señaló que el Ayuntamiento dará seguimiento a las observaciones que emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que cualquier resolución se realizará con base en los hechos documentados y los procedimientos legales aplicables, sin adelantar conclusiones sobre responsabilidades o sanciones.
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