Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia firman Compromiso de Santiago contra el crimen organizado

Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia firmaron el Compromiso de Santiago para crear un grupo regional de cooperación contra el crimen organizado internacional en Sudamérica
Los gobiernos de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia firmaron el Compromiso de Santiago, un acuerdo regional que busca fortalecer la cooperación en seguridad para enfrentar al crimen organizado transnacional.
Un acuerdo regional de seguridad
El pacto establece la creación de un grupo de trabajo permanente para reforzar la coordinación en materia de inteligencia, control migratorio y combate a flujos financieros ilícitos, considerados factores clave en la expansión del crimen organizado en la región.
El encuentro se realizó en la capital chilena, donde ministros y autoridades de seguridad de los cinco países participaron en la definición de estrategias conjuntas.
Cinco áreas prioritarias de cooperación
El Compromiso de Santiago contempla el desarrollo de medidas concretas, medibles y verificables en cinco ejes principales: intercambio de información entre agencias de seguridad, coordinación fronteriza, rastreo de flujos financieros ilícitos, cooperación técnica entre instituciones y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.
Estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta ante delitos que cruzan fronteras y afectan la estabilidad regional.
Advertencia sobre el crimen organizado en la región
Durante el encuentro, autoridades coincidieron en que el crimen organizado se ha consolidado como una de las principales amenazas para la seguridad, la gobernanza y el desarrollo en América del Sur.
Se destacó que, por su carácter transnacional, las estrategias nacionales resultan insuficientes sin una cooperación regional más estrecha.
Posturas de los gobiernos participantes
Los representantes de los cinco países subrayaron la necesidad de transformar la cooperación en acciones concretas y sostenidas. Señalaron que delitos como el narcotráfico, el sicariato, las extorsiones y el secuestro requieren una respuesta coordinada entre Estados.
También se acordó realizar una evaluación de avances en un plazo de 180 días.
El acuerdo surge en un contexto de incremento de la violencia vinculada al crimen organizado en distintos países de Sudamérica, donde autoridades han reportado el crecimiento de redes delictivas con operaciones transfronterizas.
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