¿Comparecerá AMLO en el juicio de Maduro?

Fuentes de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York aseguran que AMLO, uno de sus hijos y al menos cuatro empresarios mexicanos serán llamados a declarar, por escrito y/o presencialmente, en la próxima audiencia del juicio que se sigue a Nicolás Maduro por narcoterrorismo, lavado de dinero y evasión de las sanciones estadounidenses impuestas a la comercialización de petróleo venezolano, programada para el próximo martes 17 de marzo.

Serían convocados en calidad de testigos tanto por la fiscalía estadounidense como por la defensa del exmandatario sudamericano, como parte de la estrategia legal de ambas para la presentación de argumentos sólidos al juez Alvin K. Hellerstein, un hombre de 92 años, judío ortodoxo inconmovible y riguroso, quien preside la Corte neoyorquina.

La audiencia del próximo 17 de marzo quedó fijada desde el 5 de enero pasado cuando Maduro compareció por primera vez dos días después de su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y, por lo que alcanza a vislumbrarse, tiene el potencial de provocar un mega escándalo político en México, cuyo nombre sale a relucir en las varias tramas que se entrecruzan en el juicio a Maduro.

Para nadie es un secreto que tras la fiscalía que encabeza Jay Clayton, quien ha participado en varios casos de alto perfil dentro del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), uno de los más activos en crimen organizado, corrupción y delitos financieros, está el secretario de Departamento de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien en repetidas ocasiones ha acusado a AMLO de “entregar sectores del país a cárteles de la droga” y de “no usar la fuerza para enfrentarlos”, además de considerarlo un apologista de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No existe hasta hoy ninguna prueba pública y verificable que demuestre que AMLO, sus hijos y el gobierno de Maduro formen parte de una “red narcoterrorista” en el sentido jurídico y probatorio del término, es decir, algo que pudiera sostenerse ante un tribunal con evidencias sólidas que liguen al expresidente mexicano.

Lo que sí hay son acusaciones políticas y mediáticas como las de Rubio y las que provienen de la oposición mexicana y de trabajos periodísticos que han intentado vincular al expresidente mexicano con el crimen organizado a partir de las decisiones que tomó en su política de seguridad y de la violencia que ha ensangrentado al país.

Por otra parte, no se deben soslayar los escándalos relacionados con los hijos de López Obrador por posibles conflictos de interés, favoritismos en contratos con el gobierno y excesos en sus estilos de vida.

Forzado resulta, además, en cuanto a la relación con personajes como Maduro, Díaz Canel o Daniel Ortega, dar el salto de la afinidad política al de complicidad criminal y luego al de narcoterrorismo.

Alimentos, petróleo y financiamiento al terrorismo

El programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) fue un mecanismo creado por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para distribuir alimentos básicos en medio de la severa crisis de escasez que enfrentaba Venezuela. De hecho, fue el principal mecanismo de supervivencia alimentaria para millones de venezolanos, lo que dio a su gobierno un poder político enorme en territorios marginados.

Los alimentos se importaban a precios subsidiados y eso generó una red internacional de negocios de varios países, entre otros Turquía, Panamá y México. Entre los exportadores de básicos había empresas mexicanas como El Sardinero de Jorge Carlos Fernández Francés, Almacenes Vaca-Rice &Beans de Aristóteles Baca Pérez y Corporativo Kosmos de Jack Landsmanas, además de la hoy extinta paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que de acuerdo con las investigaciones fue utilizada para utilizada para triangular exportaciones, facturar alimentos y facilitar operaciones con presuntos sobreprecios utilizados para financiar al régimen de Maduro.

De ahí que las fuentes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sugieran que algunos de esos empresarios también serían convocados en calidad de testigos para declarar por escrito y presencialmente como testigos en el juicio de Maduro.

Consultado al respecto, Corporativo Kosmos respondió que Jack Landsmanas, hasta el momento, no ha sido llamado a declarar, en tanto que el director ejecutivo comercial del grupo, José Ramón Aquique precisó -sobre el señalamiento de que en 2019 vendieron despensas a Venezuela a sobreprecio con el apoyo de Segalmex- que la operación comercial se hizo en 2017 con empresas panameñas, con un margen bruto de 14.4% auditado por Price Waterhouse Coopers y la certificación de calidad de Certifications Control Union, mediante una entrega realizada en el ciudad de México dentro de las instalaciones de la empresa.

Kosmos ya había sido investigada en 2019 por la FGR, instancia que la exonero de lo que fueron los primeros señalamientos de la existencia de una red de lavado de dinero operada por el gobierno venezolano encubierta en el programa CLAP de distribución de alimentos.

Una tercera trama involucra a Joaquín Leal Jiménez, un joven empresario mexicano del sector energético de 33 años y originario de Irapuato, que se volvió conocido internacionalmente por su papel en un esquema para comercializar petróleo venezolano y evadir sanciones de Estados Unidos.

Su nombre aparece ligado a las empresas Libre Abordo y Schlager, así como a redes asociadas al gobierno de Nicolás Maduro. El departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en junio de 2020 por operar, junto con una red de empresas y socios, un mecanismo para revender petróleo venezolano en mercados internacionales, disfrazado como un programa humanitario de “petróleo por alimentos”.

No existe evidencia pública, documental o periodística que establezca una relación familiar o societaria directa entre los hijos de Andrés Manuel López Obrador y Joaquín Leal Jiménez, quien sin embargo si utilizaba su presunto vínculo para abrirse puertas en el gobierno. Las investigaciones disponibles se centran en redes empresariales y presuntos esquemas de negocios.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con el empresario colombiano Alex Saab, contratista favorito del gobierno de Maduro; y con el político venezolano Tarik El Aissami.

Saab, presunto testaferro del expresidente venezolano, fue detenido en 2020 por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa agravada por contratos irregulares de alimentos y materiales de construcción en la isla africana de Cabo Verde, extraditado a Estados Unidos en 2021 e indultado por la justicia de ese país en 2023. Mientras que Tarik El Aissami, figura central del chavismo y que ha sido vicepresidente y ministro del Petróleo de su país, fue detenido hace casi dos años (el 9 de abril de 2024) por desvío de fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ambos aparecen en investigaciones periodísticas sobre corrupción en Venezuela: Saab como contratista privilegiado del gobierno y El Aissami como alto funcionario de una red de poder y corrupción dentro del chavismo.

Tras la búsqueda de testimonios sólidos también anda la defensa de Nicolás Maduro que encabezan los abogados estadounidenses Barry J. Pollack y Mark Donnelly, quienes aparecieron con él en su comparecencia ante la corte en Nueva York el pasado 5 de enero. Pollack es el abogado principal identificado públicamente como responsable de la estrategia legal del caso. Es conocido por su papel en el acuerdo legal del caso del periodista, activista y fundador de WikiLeaks, Julián Assange

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