Cuando el juez cambia de asiento

El señalamiento es directo: uso indebido del cargo para restringir derechos laborales.

Hay días en los que la justicia se mira al espejo y no le gusta lo que ve. Este miércoles, en Monclova, uno de esos reflejos incómodos llegará puntual al mediodía. No habrá mazo golpeando la mesa ni una sentencia dictada desde lo alto del estrado. Esta vez, el que deberá escuchar, guardar silencio y responder es un juez.

Oscar “N”, conocido en los pasillos judiciales por impartir resoluciones, deberá acudir al Centro de Justicia Penal de Frontera para enfrentar una audiencia de control de garantías, luego de ser señalado por presunta discriminación y exclusión de derechos laborales. Un giro poco común en el guion del sistema: el árbitro llamado a rendir cuentas.

La denuncia fue presentada por el doctor Hiradier Huerta Rodríguez, quien acusa que sus derechos fueron vulnerados desde una posición de poder. No se trata de un pleito menor ni de un desacuerdo administrativo: el señalamiento apunta directamente al artículo 239 del Código Penal de Coahuila, donde la discriminación deja de ser una falta moral para convertirse en delito.

El reloj corre a favor de nadie

La audiencia está fijada para las 12:00 horas, de manera presencial, bajo la conducción del juez Nelson Ulises Herrera Ibarra. El contexto no es menor: el procedimiento surge tras una queja por la supuesta omisión del Ministerio Público para investigar, una sombra que suele aparecer cuando el acusado pertenece al mismo engranaje institucional.

El expediente, iniciado desde junio de 2025, avanzó con la lentitud que desespera a quienes denuncian desde abajo. Cada hoja, cada escrito, ha sido una prueba de resistencia frente a un sistema que, muchas veces, parece diseñado para protegerse a sí mismo.

La justicia también se sienta en la banca

El señalamiento es directo: uso indebido del cargo para restringir derechos laborales, una práctica que la Constitución prohíbe sin rodeos. De confirmarse, no solo se hablaría de una falta legal, sino de una fractura ética dentro del propio Poder Judicial.

Si Oscar “N” decide no acudir, la ley contempla una multa de 20 UMAs. Pero el verdadero castigo, al menos en el juicio público, no se mide en dinero. Se mide en credibilidad.

Este miércoles, Monclova será testigo de una escena poco habitual: la justicia observándose a sí misma, con la incómoda pregunta flotando en el aire: ¿la ley se aplica igual cuando quien está bajo la lupa es uno de los suyos?

El estrado espera. Esta vez, del otro lado.

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