El nuevo poder de la UIF y la Corte dividida

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema financiero mexicano. Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, bajo el argumento de que se trata de una medida administrativa y no penal. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y avaló un criterio que amplía de forma significativa las facultades del Estado sobre el dinero de los particulares.

La votación, sin embargo, evidenció una Corte fracturada. De un lado, ministras como María Estela Ríos defendieron que el bloqueo de cuentas responde a compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Del otro, Yasmín Esquivel advirtió que la norma deja en la indefinición los supuestos bajo los cuales la autoridad puede intervenir y abre la puerta a afectaciones a la propiedad privada. El fondo del debate fue el alcance del poder administrativo frente a los derechos patrimoniales. Y la resolución inclinó la balanza hacia el primero.

El fallo no se puede entender sin el contexto político y financiero que atraviesa el país. La presión de Estados Unidos sobre el sistema bancario mexicano no ha cedido. Al contrario, se ha intensificado. La presencia discreta pero activa de funcionarios de la OFAC en la Convención Bancaria de Cancún, encabezados por perfiles como Lisa Palluconi, confirma que el escrutinio es permanente. A eso se suman las sanciones previas del FinCEN a instituciones como Vector, CiBanco e Intercam, y la amenaza latente de nuevas inclusiones en la “lista negra” si no hay resultados.

En ese contexto, el gobierno mexicano aceleró la firma de acuerdos de cooperación en las últimas semanas. El más relevante es el Memorándum de Entendimiento entre la UIF y el IRS-CI, el brazo criminal del fisco estadounidense, que permite el intercambio de inteligencia financiera y tributaria en tiempo real. A nivel interno, se reforzó la coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Ángel Cabrera, para cerrar la brecha histórica entre la detección de operaciones sospechosas y su judicialización. La resolución de la Corte llega, por lo tanto, en un momento en el que México necesita mostrar resultados.

Lo que también queda claro es que la UIF dejó de ser una oficina subordinada a la Secretaría de Hacienda. Aunque formalmente depende de esa dependencia, hoy opera más alineada con la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch que con la conducción financiera de Edgar Amador. La inteligencia financiera se convirtió en una herramienta de combate al crimen organizado y no sólo en un mecanismo de supervisión económica. En ese rediseño, el congelamiento de cuentas es una pieza central.

El cambio de mando en la UIF también explica parte de este viraje. La llegada de Omar Reyes sustituyó a una gestión que fue desastrosa: la de Pablo Gómez, cuya falta de atención a requerimientos de agencias como el FinCEN y el Departamento del Tesoro derivó en señalamientos internacionales y en el colapso de instituciones financieras que no pasaron la prueba del ácido. Hoy, con un perfil técnico y experiencia en inteligencia financiera, la UIF retomó interlocución con sus contrapartes estadounidenses y elevó el nivel de coordinación.

La resolución de la Corte le da ahora a esa nueva UIF un respaldo jurídico que antes no tenía del todo claro. El bloqueo de cuentas sin orden judicial se convierte en un arma de doble filo. Puede ser una herramienta eficaz para desarticular redes financieras del crimen, o un instrumento discrecional con efectos sobre opositores y ciudadanos sin la debida certeza jurídica. 

Posdata

En la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel, volvió a encenderse una alerta en torno a una licitación relevante para la impresión de materiales de sus programas sociales, cuyo monto supera los 516 millones de pesos. El proceso, publicado el pasado 26 de marzo por la tarde y prácticamente al arranque del periodo vacacional de Semana Santa, se diseñó con tiempos y condiciones que, a decir de participantes del sector, dificultan la preparación de propuestas y reducen la competencia efectiva.

El expediente incluye 87 conceptos a cotizar en plazos recortados y con información incompleta sobre cantidades, especificaciones técnicas y lugares de entrega. A esto se suman modificaciones posteriores que cambiaron condiciones logísticas sin detallar nuevos destinos, lo que introduce incertidumbre operativa. Especialistas advierten que estos ajustes podrían contravenir disposiciones de la Ley de Adquisiciones, al alterar de forma sustantiva los términos originales de la convocatoria.

Uno de los elementos más cuestionados son los requisitos técnicos. Se exige a los licitantes acreditar la posesión de más de 40 equipos de alta gama, con valores millonarios y características que no necesariamente corresponden al tipo de impresión solicitado. En el sector se interpreta como un diseño que limita la participación a un número muy reducido de empresas. También genera dudas la exigencia del registro REPSE, cuya pertinencia en este caso no es clara.

Las inconformidades apuntan además a un patrón que no es nuevo. Desde 2022, la empresa Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de C.V., cuyo principal accionista es Carlos Javier Mondragón de la Garza, ha resultado beneficiada en contratos similares dentro del gobierno federal, acumulando adjudicaciones por varios cientos de millones de pesos en distintos ejercicios. En esta licitación vuelve a aparecer como el participante mejor posicionado, lo que alimenta la percepción de condiciones recurrentes que favorecen a un mismo proveedor. Versiones de participantes también refieren la intervención de funcionarios del área de adquisiciones como Beatriz Fajardo Espinoza, así como la posible participación de Álvaro Zavala Cano y Erik Oviedo Salazar en el proceso, señalamientos que, por su naturaleza, tendrían que ser investigados por las autoridades competentes.

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