Estados Unidos amplía barrera flotante en el Río Bravo y reaviva debate migratorio en la frontera norte
la ampliación contempla la colocación de una mayor extensión de cilindros flotantes de gran tamaño.
El gobierno de Estados Unidos confirmó la ampliación del sistema de boyas instalado en el Río Bravo frente a Piedras Negras, como parte de las acciones que mantiene para reforzar el control fronterizo y contener el flujo de migración irregular en esta zona limítrofe con Texas. La decisión se dio a conocer luego de una visita oficial de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Eagle Pass, donde supervisó distintos esquemas de vigilancia y seguridad aplicados en uno de los puntos con mayor tránsito de personas migrantes.
De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, la ampliación contempla la colocación de una mayor extensión de cilindros flotantes de gran tamaño, visibles por su color naranja, los cuales cuentan con aditamentos como alambre de púas y sistemas de detección de movimiento. Estos dispositivos están diseñados para alertar sobre cruces no autorizados y dificultar el paso de personas a través del cauce del río.
El reforzamiento de esta infraestructura forma parte de una estrategia más amplia que combina tecnología, presencia física y operativos de vigilancia permanente en la frontera sur de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han señalado que el objetivo principal es inhibir el tráfico de personas y reducir los cruces irregulares por el Río Bravo, considerado uno de los trayectos más peligrosos debido a la corriente, la profundidad variable y las condiciones climáticas.
Sin embargo, la ampliación del sistema de boyas ha generado críticas y reacciones adversas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas migratorios. Estos sectores advierten que la instalación de barreras flotantes con elementos punzocortantes representa un riesgo significativo para la integridad física de quienes intentan cruzar, especialmente para menores de edad y familias completas que huyen de situaciones de violencia o pobreza.
América García, activista radicada en Texas, señaló que estas medidas forman parte de políticas migratorias que han agravado la crisis humanitaria en la frontera. Afirmó que, en lugar de atender las causas estructurales de la migración, se opta por soluciones que incrementan el peligro para las personas en movilidad. Añadió que muchas familias han terminado en centros de detención saturados, donde se han documentado condiciones precarias e incluso brotes de enfermedades.
La activista también destacó que ciudades fronterizas como Eagle Pass y Piedras Negras enfrentan las consecuencias directas de estas decisiones, tanto en el ámbito social como humanitario. A su juicio, la instalación de barreras físicas responde más a un mensaje político que a una estrategia integral, lo que ha generado tensiones entre comunidades y autoridades de ambos lados de la frontera.
Además de las críticas sociales, la ampliación del sistema de boyas ha provocado cuestionamientos legales y diplomáticos. El gobierno mexicano ha expresado en ocasiones anteriores su preocupación por el impacto ambiental que estas estructuras pueden tener en el Río Bravo, así como por los riesgos a los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por esta región.
Pese a las objeciones, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado su postura de que estas acciones buscan salvar vidas al disuadir cruces peligrosos y combatir redes de tráfico de personas. Mientras tanto, el debate continúa abierto, en un contexto donde la migración sigue siendo uno de los temas más sensibles y complejos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
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