Irán tras Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum ya habría dado la instrucción de avanzar en las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra su círculo político más cercano, en una operación que busca anticiparse a los movimientos del gobierno de Estados Unidos.

Los nombres prioritarios, de acuerdo con fuentes del gabinete, son Rocha Moya; su ahijado político y alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega. También están bajo escrutinio de la FGR los otros seis personajes señalados en los expedientes del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la prioridad inmediata estaría concentrada en esos primeros cuatro. El cálculo en Palacio Nacional es que de no indiciarlos, el costo sería mucho mayor.

Todo esto ocurre dentro del plazo que tendría Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de los imputados y mientras la Presidenta mantiene públicamente su exigencia de que Estados Unidos presente pruebas. Ese discurso, que hacia afuera se presenta como una defensa de la soberanía y del debido proceso, hacia adentro busca ganar tiempo para decidir qué hacer con una bomba mediática, política y reputacional que amenaza no solo a su administración, sino a todo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

La evaluación del gobierno es que procesar a Rocha Moya y a sus colaboradores en México, con medidas cautelares severas como la prisión preventiva, sería políticamente mucho menos costoso que expulsarlos o extraditarlos a Estados Unidos para que sean juzgados allá. En una corte estadounidense, cualquiera de los implicados podría terminar revelando información sobre los vínculos entre el narcotráfico y los políticos mexicanos.

Mucho peor aún sería esperar a que Washington “haga el trabajo”, como lo advirtió esta semana el presidente Donald Trump, y vengan por él o se lleve a cabo una intervención aérea o terrestre de las fuerzas armadas estadounidenses. En el gobierno mexicano existe preocupación real de que el caso Rocha no sea un episodio aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia.Rocha Moya es apenas el primero de una lista de, por lo menos, una veintena de gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios mexicanos bajo investigación de agencias estadounidenses por sus presuntos nexos con organizaciones criminales. El temor en Palacio es que, si Estados Unidos empieza a exhibir expedientes de manera escalonada, el daño político se vuelva inmanejable rumbo a las elecciones del próximo año.

El tiempo apremia porque cualquier movimiento de Estados Unidos, ya sea una solicitud formal de extradición, nuevas imputaciones o incluso revelaciones selectivas, podría generar una crisis de gobernabilidad y golpear, aún más, la confianza de los inversionistas.

En Palacio Nacional saben que el discurso público debe ser de unidad y la soberanía. La convocatoria de este jueves con legisladores y miembros del gabinete apuntó en esa dirección. Pero internamente la operación es completamente distinta. Hay muy pocos interlocutores con credibilidad y canales abiertos con Washington, todos en el gabinete de seguridad. Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales son quienes encabezan esa interlocución y la estrategia de contención frente a una crisis que ya rebasó el terreno político.

Al mismo tiempo, Morena comenzó a ajustar su propia narrativa. La instrucción a voceros y cuadros relevantes es no defender a Rocha Moya, no meter las manos al fuego por él y evitar cualquier posicionamiento que comprometa al movimiento. La línea es dejar que las autoridades investiguen y repetir que serán las instancias competentes las que determinen responsabilidades. En otras palabras, empezar a preparar el terreno para una eventual ruptura política con el exgobernador sinaloense.

Porque, aunque públicamente se mantenga la narrativa de prudencia, en privado ya se asume que Rocha Moya tendrá que ser llamado a cuentas. El movimiento tendría que ejecutarse pronto, antes de que Estados Unidos eleve la presión o haga públicos nuevos casos contra otros gobernadores, legisladores o, en el escenario más delicado para Sheinbaum, integrantes de su propio gabinete.

Por lo pronto, a Rocha Moya ya deberían estarle informando que el margen político para protegerlo se agotó.

El tiempo juega en su contra.

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