Juicio político en México: desde gobernadores hasta ministros pueden ser sancionados
El juicio político en México permite sancionar a funcionarios por violaciones graves a la ley, con castigos que van desde destitución hasta inhabilitación pública.
Luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunciara acciones para promover un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, surgieron dudas sobre cómo funciona este mecanismo constitucional, quiénes pueden ser sometidos y cuáles son las sanciones contempladas por la ley mexicana.
¿Qué es el juicio político en México?
El juicio político es un procedimiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sancionar a servidores públicos que cometan actos u omisiones que afecten gravemente los intereses públicos o violen la Constitución y las leyes federales.
De acuerdo con el Artículo 110, este mecanismo es llevado a cabo por las dos cámaras del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación, mientras que la Cámara de Senadores funciona como jurado de sentencia.
Entre las causas que pueden derivar en un juicio político se encuentran los ataques a las instituciones democráticas, violaciones graves a derechos humanos, uso indebido de recursos federales, usurpación de atribuciones y afectaciones al funcionamiento de las instituciones públicas.
Funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político
La legislación mexicana establece que pueden ser sujetos a juicio político las y los integrantes de distintos poderes y organismos públicos federales y estatales.
Entre ellos se encuentran senadores, diputados federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces federales, integrantes del Instituto Nacional Electoral, titulares de secretarías federales, la persona titular de la Fiscalía General de la República y miembros de organismos autónomos.
También pueden enfrentar este procedimiento las personas titulares de gobiernos estatales, diputaciones locales y magistraturas de tribunales superiores de justicia en las entidades federativas.
La ley precisa que el juicio político únicamente puede iniciarse mientras el funcionario se encuentre en funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo.
¿Cuáles son las sanciones por juicio político?
En caso de que la resolución sea condenatoria, el servidor público puede recibir sanciones como la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar funciones públicas.
La inhabilitación puede ir de uno hasta veinte años, dependiendo de la gravedad de las conductas señaladas durante el procedimiento.
Para aplicar las sanciones, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación por mayoría absoluta. Posteriormente, la Cámara de Senadores determina la resolución final con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
¿Qué ocurre si existen delitos penales?
El Artículo 111 constitucional establece que, si existen posibles delitos cometidos durante el ejercicio del cargo, la Cámara de Diputados debe determinar si procede una acción penal contra el funcionario señalado.
Si la declaración es procedente, el servidor público queda separado temporalmente de su encargo y a disposición de las autoridades judiciales competentes mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.
En caso de una sentencia absolutoria, el funcionario puede regresar a sus funciones; sin embargo, si existe una condena por delitos cometidos durante el cargo, no podrá recibir indulto.
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