Las dudas sobre las extradiciones que reclama México

La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco respondieron a Estados Unidos con una estadística cuestionable. Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, según la lámina presentada este martes en la conferencia matutina, México formuló 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos y “no se ha entregado ninguno”.

Sin embargo, una revisión de expedientes judiciales federales estadounidenses realizada confirma que el sistema sí ha procesado solicitudes mexicanas y, en algunos casos, ha culminado con entregas efectivas. El caso más visible es el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido en Florida y extraditado a México en 2022. Y no es el único expediente relevante. En California aparece Prudencio Segura Castillo, reclamado por abuso sexual en Guerrero y declarado extraditable. También Bryant Rivera, acusado de feminicidio en Tijuana. Aaron Seth Juárez, procesado por homicidio. Alfredo Ramón Cerda, acusado de delitos sexuales contra una menor en Baja California. José Ismael Mojica Rodríguez, reclamado por homicidio calificado. En Arizona aparece Cruz García Mitchel, requerido por homicidio intencional. En California también figura José Trinidad Martínez Santoyo, cuya extradición fue certificada y cuyo intento de frenar su entrega vía habeas corpus fue rechazado. Es decir, el argumento de que Estados Unidos no procesa ni da curso a reclamaciones mexicanas no se sostiene.

A esa evidencia documental se suma lo reportado esta semana por el periodista Juan Pablo Reyes, quien documentó, con base en información pública de la Fiscalía General de la República, que durante 2025 Estados Unidos realizó al menos nueve entregas de personas reclamadas por México. Algunos de esos casos corresponderían a procesos judiciales; otros habrían transitado por mecanismos distintos, incluidas rutas migratorias o administrativas. Lo relevante es que incluso la información oficial contradice la narrativa simplista del “cero”.

Sheinbaum y Velasco aseguraron que de los 269 requerimientos, 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes. De estos últimos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición. Pero el dato verdaderamente revelador es otro. En 47 de esas 50 solicitudes urgentes, Estados Unidos pidió a México información adicional. Es decir, en casi todos los casos Estados Unidos sí respondió, pero señalando deficiencias, insuficiencias o inconsistencias en los expedientes enviados por las autoridades mexicanas.

Al parecer las distintas fiscalías mexicanas no integraron expedientes capaces de sostenerse bajo los estándares jurídicos de Estados Unidos. Por eso el gobierno mexicano ha insistido con las “pruebas” contra Rubén Rocha Moya, su ahijado Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, dos de los cuales ya se entregaron a la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales.

El verdadero problema está en los expedientes políticamente explosivos, donde aparecen nombres como el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad reclamado por México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; Víctor Manuel Álvarez Puga, perseguido por presuntos delitos fiscales y lavado; Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, vinculados al multimillonario caso del Infonavit; Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex buscado por el caso Odebrecht; o José Ulises Bernabé, exfuncionario relacionado con el caso Ayotzinapa.

El problema es que mezclar deportaciones, expulsiones administrativas, entregas temporales, procesos migratorios y extradiciones formales termina contaminando cualquier estadística y permite construir versiones políticas convenientes, aunque poco precisas.

Estados Unidos ha elevado la presión sobre México y particularmente sobre objetivos considerados prioritarios en materia de narcotráfico y corrupción. Todo apunta a que el gobierno de Trump va por extradiciones de alto perfil, decomisos y destrucción de narcolaboratorios con o sin el permiso de México.

¿Hasta qué punto el gobierno mexicano estirará la liga antes de aprehender y enviar a alguno de los tres (o a todos) imputados por Estados Unidos que están escondidos en Sinaloa?

Noticias del tema