Regidores cuestionan legalidad de acuerdo sobre la intervención operativa del Ayuntamiento en el SIMAS
La conducción operativa del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) volvió a generar confrontación política y jurídica en el Cabildo de Piedras Negras, luego de que este miércoles se informara oficialmente que el presidente municipal asumió temporalmente el control administrativo del organismo, tras la suspensión cautelar del gerente general Lorenzo Menera. El acuerdo administrativo fue firmado el 25 de abril de 2026 y ya se encontraba en funciones antes de ser presentado formalmente ante el Ayuntamiento.
Debate por facultades y legalidad
Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de mayo, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, explicó que la medida fue tomada bajo la responsabilidad directa del alcalde debido a la situación “extraordinaria” que atraviesa el organismo operador en materia jurídica, administrativa y gerencial.
El funcionario señaló que el acuerdo se fundamenta en el artículo 104, apartado A, fracción XIII del Código Municipal, el cual permite al presidente municipal emitir acuerdos administrativos de carácter urgente, siempre y cuando posteriormente informe al Cabildo.
Aguilar aseguró que la determinación no implica la desaparición del Consejo Directivo de SIMAS ni el nombramiento de un nuevo gerente general, cargo que permanece en suspenso debido a diversos procedimientos administrativos y una medida cautelar vigente.
Durante la discusión del punto 14 del orden del día, regidores de oposición y la síndica de mayoría cuestionaron la legalidad del acuerdo. La regidora Zahra Elia Kanagúsico Calderón leyó un posicionamiento firmado por integrantes de distintas fracciones edilicias, en el que acusaron una posible invasión de facultades reservadas legalmente al Consejo Directivo y a la gerencia del organismo.
Los inconformes señalaron que el decreto 287, mediante el cual fue creado SIMAS, no contempla que el presidente municipal pueda asumir funciones operativas o administrativas del sistema. También advirtieron que existe una controversia constitucional local relacionada con modificaciones previas al Consejo Directivo y que actualmente mantiene efectos suspendidos por resolución judicial.
Posible escalamiento jurídico y político
Durante el posicionamiento, los ediles plantearon la posibilidad de dar vista al Congreso del Estado de Coahuila para revisar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o constitucionales derivadas de las decisiones tomadas en torno al organismo operador del agua.
Los regidores inconformes también señalaron que el Cabildo únicamente fue “enterado” de una determinación ya ejecutada, incluyendo movimientos administrativos y operaciones bancarias realizadas previamente bajo el nuevo esquema de conducción.
En respuesta, Daniel Aguilar reconoció que el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial y afirmó que el gobierno municipal atenderá cualquier procedimiento legal derivado del caso.
“El servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado es un derecho humano fundamental”, sostuvo el secretario del Ayuntamiento, al justificar la intervención temporal bajo el principio jurídico “pro persona”, orientado a privilegiar el beneficio ciudadano ante posibles riesgos operativos en SIMAS.
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