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Venezuela defiende deportación de Alex Saab a Estados Unidos

Venezuela
Agencias / El Tiempo
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El gobierno de Venezuela defendió la deportación de Alex Saab a Estados Unidos y aseguró que la medida responde a intereses nacionales y a presuntos fraudes.

El gobierno de Venezuela respaldó la deportación del empresario Alex Saab a Estados Unidos, al señalar que se trató de una “medida administrativa” basada en los intereses del país y negando su nacionalidad venezolana.

Venezuela defiende decisión sobre Alex Saab

La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó en cadena estatal que cualquier decisión del gobierno se toma en función del interés nacional, asegurando que el caso del empresario corresponde a un asunto entre Estados Unidos y el propio Saab.

De acuerdo con la funcionaria, Alex Saab es ciudadano de origen colombiano y no venezolano, por lo que su situación jurídica no estaría sujeta a protección dentro del país.

Acusaciones de fraudes y situación legal

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que el empresario habría cometido “fraudes de todo tipo” y que existen investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades vinculadas a su actuación.

Cabello señaló además que Saab habría utilizado una cédula de identidad venezolana que calificó como “fraudulenta”, lo que, según su versión, motivó la decisión de su deportación.

El funcionario también indicó que no existe documentación oficial que certifique la nacionalidad venezolana del empresario.

Base legal y postura del gobierno

Las autoridades venezolanas señalaron que la deportación se sustenta en el artículo 271 de la Constitución, el cual contempla la expulsión de extranjeros vinculados a delitos como legitimación de capitales, crimen organizado o afectaciones al patrimonio público.

El gobierno insistió en que la decisión fue tomada bajo criterios administrativos y de seguridad nacional, sin ofrecer mayores detalles sobre el procedimiento.

Alex Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrenta procesos judiciales por presunto lavado de dinero.

Tras su liberación en 2023 mediante un acuerdo diplomático, el empresario regresó a Venezuela, donde incluso ocupó cargos dentro de la estructura gubernamental.

Recientemente, un tribunal federal en Miami volvió a presentar cargos en su contra, lo que reactivó la atención internacional sobre el caso.

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